"Hay discriminación y violencia permanente en el trasporte público hacia las personas con discapacidad"
Mientras el Gobierno provincial admite demoras administrativas, desde el Observatorio de Discapacidad advierten que la situación constituye un caso de discriminación sistemática. Miriam Suárez asegura que se está vulnerando un derecho consagrado por ley.
IMAGEN - LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
La Dirección General de Transporte de Tucumán enfrenta una crisis sin precedentes. Personas con discapacidad se agolpan desde hace días en las oficinas de la Terminal Nueva exigiendo la entrega o renovación de sus pases gratuitos para el transporte público. El propio director del área, Sergio Apstey, reconoció las demoras y admitió que aún se están entregando pases correspondientes a febrero o marzo del año pasado.
En medio de esta situación, Miriam Suárez, referente del Observatorio de Discapacidad, fue contundente: “Lo que estamos viendo no es sólo una demora burocrática, es una práctica sistemática de violencia y discriminación hacia las personas con discapacidad”, afirmó en diálogo con LA VOZ DEL PUEBLO. Según Suárez, los reclamos no son nuevos y las denuncias por maltrato por parte de choferes ya eran frecuentes antes del conflicto actual.
Uno de los focos del conflicto se estalló cuando algunas empresas de transporte comenzaron a rechazar los pases provisorios emitidos por la Dirección de Transporte, lo que derivó en que varias personas fueron directamente bajas de las unidades. "Tenemos denuncias gravísimas, incluso con niños involucrados. Y ahora, bajo la excusa de que los pases no son válidos, los están expulsando de los colectivos", denunció Suárez.
Para el especialista, la raíz del problema es estructural y responde a una falta de coordinación entre organismos. "Esto es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, del ministro de Desarrollo Social, y también de la Defensoría del Pueblo. Todos deberían estar cuidando que esto no ocurra. En cambio, estamos ante un cuello de botella administrativa que vulnera derechos", sostuvo.
La Ley Provincial garantiza el acceso irrestricto y gratuito al transporte público para personas con discapacidad, algo que, según Suárez, se está incumpliendo deliberadamente. "La Dirección de Transporte entregó la responsabilidad de imprimir los pases a AETAT, pero esta no paga a la empresa que provee los insumos. No hay troqueles, no hay papel, y por eso no hay carnets. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la gente paga el boleto, que es lo que quieren".
Finalmente, Suárez fue categórica al señalar el trasfondo económico del conflicto. "El Gobierno provincial le transfiere millas de millones de pesos al sector del transporte. No es que no hay plata. Lo que hay es una entrega discriminada de recursos públicos al sector privado mientras se le niega un derecho básico a una población extremadamente vulnerable", cerró.
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