Cristina Fernández de Kirchner pidió cumplir su condena bajo arresto domiciliario en Constitución

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó oficialmente cumplir la condena a seis años de prisión en su domicilio particular del barrio porteño de Constitución, ubicado sobre la calle San José. El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2, y se fundamenta en su edad, su estado de salud y los riesgos de seguridad que enfrenta desde el intento de magnicidio ocurrido en septiembre de 2022.

La solicitud de arresto domiciliario se da en el marco de la condena firme dictada en su contra por el caso Vialidad, en el que se la encontró culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez durante sus mandatos presidenciales (2007–2015). La Corte Suprema ratificó el fallo esta semana, en un fallo que reavivó la polarización política y encendió la respuesta de sectores del peronismo, que lo calificaron como una "proscripción judicial".

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple con los requisitos establecidos por el Código Penal para solicitar el arresto domiciliario. Además, sus abogados remarcaron que la expresidenta no solo es una persona de riesgo por cuestiones de salud, sino que también está bajo amenaza constante tras el intento de asesinato que sufrió a manos de Fernando Sabag Montiel. "Las condiciones de detención deben resguardar su integridad física, psicológica y moral", señalaron fuentes cercanas a la defensa.

El tribunal deberá resolver antes del miércoles próximo. Si la solicitud no prospera, Fernández de Kirchner deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Cabe destacar que el lunes es feriado nacional, lo que limita los plazos operativos.

El fallo de la Corte y la ejecución de la sentencia tienen consecuencias de alto voltaje político. No solo inhabilitan de por vida a Cristina para ejercer cargos públicos —cerrando, en principio, cualquier posibilidad electoral futura—, sino que consolidan una narrativa de persecución política para gran parte del peronismo, que denuncia la existencia de un "Partido Judicial" funcional a los intereses del poder económico.

Desde el Instituto Patria y sectores sindicales ya se convocaron movilizaciones para los próximos días. Organismos de derechos humanos, dirigentes del PJ y referentes sociales señalaron que "con Cristina vivíamos mejor" y que su condena "no es justicia, es revancha de clase".

 Mientras la política argentina se sacude, lo que está en juego excede la situación de una dirigente. Se trata del equilibrio entre justicia, legalidad y legitimidad democrática. Y también del destino de un liderazgo que, más allá de lo judicial, sigue latiendo con fuerza en una parte significativa del pueblo.