En junio de 2025, los jubilados argentinos perciben haberes mínimos que apenas superan los $300.000, complementados por un bono de $70.000. La Cámara de Diputados aprobó una mejora que eleva el haber mínimo y el bono, pero el presidente Milei ya anticipó su veto. Los diputados tucumanos jugaron un rol clave en la votación.
05/06/2025
José María Martín
En junio de 2025, los jubilados que perciben el haber mínimo reciben $304.723,94, a lo que se suma un bono de $70.000, totalizando $374.723,94. Con el medio aguinaldo, el ingreso bruto alcanza los $527.085,90. Sin embargo, este monto se ve erosionado por una inflación acumulada que supera el 300% interanual, dejando a muchos jubilados por debajo de la línea de pobreza.
La Cámara de Diputados aprobó por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones un proyecto que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación.
De implementarse, el haber mínimo pasaría a $326.660,03, y con el nuevo bono, el total sería de $436.660,03.
No obstante, el presidente Javier Milei anunció que vetará la medida, argumentando que cualquier aumento del gasto estatal amenaza el equilibrio fiscal.
En una votación que sorprendió, los tres diputados tucumanos del Bloque Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, si bien no dieron quórum inicial, terminaron votando a favor del proyecto, a pesar de su habitual alineación con el oficialismo nacional. Sumado a los votos del Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.
Además, el diputado radical Roberto Sánchez también apoyó la iniciativa, mientras que Mariano Campero estuvo ausente y Paula Omodeo votó en contra.
La situación de los jubilados en Argentina refleja una tensión entre la urgencia de mejorar los haberes para enfrentar la inflación y la política de austeridad del gobierno nacional. La votación en Diputados, con el apoyo clave de legisladores tucumanos, muestra una fractura en el oficialismo y una demanda creciente por parte de la sociedad para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.
El futuro de esta medida dependerá del tratamiento en el Senado y de la posibilidad de superar el veto presidencial, en un contexto político y social cada vez más polarizado.
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