Rodrigo Balcas presidente del Consejo Local Asesor INTA expresa la incertudimbre de los pequeños productores
07/02/2022
Hernan Gordillo
La comunidad de Lules es una de las mas fuertes en la provincia en lo referente a producción frutihorticola, con una gran participación de pequeños productores de la agricultura familiar que se dedican a la siembra de tomate, zapallos, pimiento y frutillas como los cultivos mas destacados.
Estas semanas vieron con asombro y preocupación el valor de arriendo que paso a tener una hectárea de tierra que el año pasado valía promedio $50.000 ahora cuesta $150.000, y en zonas mas altas donde rondaba los $80.000 a $130.000 pasaron a $230.000.
Desde el sector reclaman leyes urgentes para que el pequeño productor pueda acceder a tierras para producir y vivir dignamente en el campo, el estado nacional debe reglamentar urgente la ley de agricultura familiar.
Los pequeños productores de alimentos no tenemos condiciones aseguradas por el estado para acceder a las tierras, a créditos productivos y condiciones de comercialización para que nos desarrollemos, con el paso de los años solo perdemos capacidades de producción por la falta de decisión política.
Un informe de Datacivis revela el profundo malestar económico que atraviesan las y los tucumanos. La falta de poder adquisitivo, la inflación y la incertidumbre son los ejes de una crisis que ya no se puede ocultar. La imagen presidencial, en caída libre.
En un país atravesado por crisis económicas, concentración de poder y fragmentación social, el cooperativismo se afirma como una alternativa sólida, democrática y centrada en las personas. Más de 20.000 cooperativas impulsan trabajo, inclusión y desarrollo con rostro humano.
5 de Julio del 2025, en el Día Internacional del Cooperativismo.
Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y cercano al Gobierno, presentó varias irregularidades para la Justicia cuando ingresó en febrero de este año.
El Gobierno nacional disolvió Vialidad Nacional y anunció la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. La medida, presentada como un golpe a la “corrupción estructural”, genera incertidumbre en provincias como Tucumán, donde el rol estatal en la infraestructura vial es clave para la conectividad, la producción y la seguridad.