Tucumán refuerza el control sobre tierras públicas y privadas

Con un mensaje claro y sin titubeos, el gobernador Osvaldo Jaldo cerró este jueves una jornada clave para el futuro del orden territorial en Tucumán. Bajo la coordinación de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural —dependiente de la Fiscalía de Estado— se capacitó a los 93 delegados comunales con una consigna firme: preservar la propiedad privada, proteger el dominio público y poner fin a las usurpaciones.

El encuentro no fue simbólico. Participaron la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, y ministros clave del Ejecutivo como Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), y Marcelo Nazur (Obras Públicas), entre otros funcionarios que dan cuenta del peso institucional del programa. Según detalló el mandatario, esta política busca “revertir una lógica perversa donde antes los usurpadores avanzaban sobre terrenos de la provincia; ahora es la provincia la que va a avanzar sobre terrenos ocupados ilegalmente”.

En ese sentido, se confirmó que los delegados comunales y, próximamente, los intendentes, serán instruidos para identificar, documentar y denunciar irregularidades en los territorios que administran. “Ellos tienen que cuidar el pedacito de tierra que, a través del voto, los vecinos les confiaron”, expresó Jaldo, dejando en claro que el compromiso con la legalidad no es opcional.

El gobernador también reveló que ya se han recuperado tierras en zonas turísticas, y que varias ocupaciones fueron revertidas mediante procedimientos con la Policía y el aval judicial. Además, reconoció que hubo complicidad estatal en gestiones anteriores, lo que motivó la disolución del área de Regularización Dominial y la sanción a sus responsables.

“Queremos actuar con el mayor respeto por la ley y la Constitución”, afirmó, pero fue enfático: “no vamos a permitir más apropiaciones indebidas de tierras, sean fiscales o privadas. Y si hay compradores de buena fe, que lo demuestren con escrituras, porque sin eso no hay derecho legítimo que valga”.

Esta nueva etapa abre un capítulo inédito en la gestión del territorio tucumano. El Estado, históricamente ausente en muchas zonas, se reconfigura como actor activo, no solo en la planificación del suelo, sino en su defensa. Un viraje institucional que promete ordenar lo que durante años fue

tierra de nadie.