¿Rossana Chahla expropió y ocupó de manera ilegal un inmueble de una cooperativa?

La situación de la Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales en San Miguel de Tucumán ha desatado una fuerte polémica tras la intervención de la municipalidad en el manejo de la escuela Gabriela Mistral. La cooperativa, que funcionaba con el aporte de los padres y brindaba educación a 750 alumnos, ha denunciado que la gestión de la intendenta Rossana Chahla actuó de manera arbitraria tomando posición sobre el edificio que forma parte de la propiedad privada de la cooperativa

"Se acerca el inicio de clases y si queda firme la cautelar y determinan que el personal del municipio no puede estar ahí, no van a comenzar las clases, porque la cooperativa no les va a dar permiso para la utilización del edificio a la municipalidad, se tienen que ir, no sé donde van a dar clases", manifestó Alfredo Grassia, representante de la cooperativa escolar en diálogo con La Voz del Pueblo.

El conflicto comenzó en noviembre de 2023, cuando la cooperativa solicitó una audiencia con el municipio para discutir la renovación del acuerdo que se firmaba anualmente. Durante cuatro años, la gestión anterior de Germán Alfaro no firmó el convenio, pero mantuvo el pago de los sueldos, permitiendo así el sostenimiento de la escuela. Sin embargo, en febrero de 2024, la actual gestión comunicó que la cooperativa debía dejar de cobrar cuotas y matrículas, que era el sustento de la entidad. A cambio, el municipio se comprometió a pagar un canon mensual de 2 millones de pesos, un monto insuficiente para cubrir los costos operativos del establecimiento.

En julio del año pasado la municipalidad decidió avanzar sobre la propiedad privada del inmueble. La intendenta promovió una ordenanza para declarar el edificio como bien público y expropiarlo, sin previo aviso ni diálogo. Dicha ordenanza fue aprobada en noviembre y, ante esta situación, la cooperativa apeló en la justicia para que se declare su inconstitucionalidad, argumentando que el Consejo Deliberante no tiene atribuciones para expropiar bienes inmuebles, lo que hace que la medida tomada por el municipio sea ilegal.

A pesar de que la justicia hizo lugar a una medida cautelar, el 6 de enero de 2025 el municipio tomó posesión del edificio por la fuerza. Según lo que detalla Grassia a nuestro medio, personal municipal rompió cerraduras, ingresó sin autorización y contrató una empresa de seguridad privada para impedir el acceso de los miembros de la cooperativa. Actualmente, la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Usurpación, Estafa y Cibercriminalidad lleva adelante una investigación sobre la denuncia penal de usurpación.

Según lo que manifiesta Grassia, el mantenimiento del establecimiento se ha visto afectado: durante meses no se repusieron muebles rotos, el servicio de internet fue cortado por falta de pago y los docentes no cuentan con recursos básicos como impresoras para certificar la inscripción de los estudiantes. "Estamos esperando que quede firme la cautelar para retomar el control del edificio", concluyó el representante de la cooperativa.