Este 15 de julio se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina. Fue una conquista histórica que abrió las puertas del reconocimiento y la igualdad.
Actualidad15/07/2025
José María Martín
El 15 de julio de 2010 el Senado de la Nación sancionó la Ley 26.618, y con ella, Argentina hizo historia: fue el primer país de América Latina y el Caribe en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquella madrugada fue testigo de abrazos, llantos, festejos y una certeza: el amor dejaba de ser un privilegio heterosexual para convertirse, también, en un derecho igualitario.
Desde entonces, más de 20.000 matrimonios igualitarios se registraron en todo el país, con especial crecimiento en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde los enlaces entre personas del mismo sexo crecieron hasta un 191% en comparación con el primer quinquenio tras la sanción. En provincias del interior como Tucumán, Salta o Jujuy, el proceso fue más paulatino, muchas veces desafiando prejuicios culturales y resistencias institucionales, pero con igual convicción por parte de activistas y parejas.
En Tucumán, por ejemplo, activistas del Foro de Diversidad Sexual del INADI, espacios como la radio comunitaria o incluso bares como Managua fueron trincheras culturales y políticas en defensa del derecho a amar. En Salta, se celebraron 184 matrimonios igualitarios desde 2010, según datos del Registro Civil. Y en Jujuy, la historia de una pareja de mujeres que logró casarse en La Mendieta en plena pandemia fue emblema de una lucha que no se detuvo ni siquiera en tiempos difíciles.
La ley no sólo habilitó un derecho civil: también reconoció una forma de existencia y de familia. Acceso a herencia, obra social, adopción, bienes gananciales, pensión… derechos que hasta entonces eran exclusivos para una parte de la ciudadanía. Hoy, a 15 años, muchas de esas conquistas están naturalizadas, pero no por eso garantizadas.
En un contexto donde regresan discursos de odio, se ataca el lenguaje inclusivo y se intenta banalizar el reclamo de las minorías, la ley del matrimonio igualitario es también una barrera contra la intolerancia. Porque no fue una concesión graciosa del Estado, sino el fruto de una lucha colectiva, sostenida por personas valientes que pusieron el cuerpo, el corazón y sus historias al servicio de una causa mayor.
Las personas trans mayores —invisibilizadas, empobrecidas, olvidadas por décadas de exclusión sistemática— hoy reclaman una reparación histórica. En 2025, mientras celebramos los derechos conquistados, no podemos ignorar que la igualdad legal no es igualdad real si no va acompañada de políticas públicas activas, presupuesto, memoria y respeto.
A 15 años de aquella ley, el amor sigue siendo un acto político. No basta con haber conquistado derechos: hay que defenderlos, ampliarlos, volver a decir que el amor no es delito, ni ideología, ni privilegio. Es un derecho humano.
Y como toda conquista popular, el matrimonio igualitario no es sólo para quienes se casan: es para toda la sociedad que decidió, una vez más, ponerse del lado correcto de la historia.
La empresa tucumana de tecnología de la información que elabora escuchas sociales en redes, logró repercusión en medios del país vecino con su último informe.
El 17 de julio, en el Sheraton Tucumán, referentes como Santiago Bulat, Nery Persichini y Antonio Sánchez de Boeck compartirán su visión sobre liderazgo, innovación y decisiones estratégicas en contextos desafiantes. La participación es gratuita con inscripción previa.
Tras la aprobación en el Senado de un paquete de leyes sociales clave, el presidente Javier Milei analiza vetar las medidas, aunque esperará hasta último momento. La jugada busca contener el descontento político y social mientras se negocia apoyo legislativo para blindar el veto. La cuenta regresiva ya comenzó.
En una sesión histórica, el Senado aprobó con mayoría especial la ley que incrementa un 7,2 % las jubilaciones y eleva el bono previsional a $110.000.
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El Gobierno nacional disolvió Vialidad Nacional y anunció la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. La medida, presentada como un golpe a la “corrupción estructural”, genera incertidumbre en provincias como Tucumán, donde el rol estatal en la infraestructura vial es clave para la conectividad, la producción y la seguridad.
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Los contribuyentes deberán revisar su situación entre el 15 de julio y el 5 de agosto. El ajuste impacta en impuestos, obra social y aportes jubilatorios.
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