“Imbécil, idiota, retardado y débil mental”

El reciente anuncio del Gobierno sobre los criterios de evaluación para acceder o mantener una pensión por invalidez generó una fuerte controversia, no solo por su contenido, sino también por los términos utilizados en la resolución publicada en el Boletín Oficial. En el documento se emplearon palabras como “idiota” e “imbécil”, expresiones que dejaron de utilizarse hace más de 50 años, así como “retardo mental”, una denominación que ya fue reemplazada en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) por “discapacidad intelectual”.

El uso de estos términos obsoletos y con una fuerte connotación peyorativa provocó el inmediato rechazo de diversas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. La indignación fue generalizada, lo que presionó al Gobierno a responder rápidamente. Ante las críticas, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunció que modificaría la Resolución 187, publicada el 16 de enero.

Desde el organismo aseguraron que la inclusión de estos términos fue un error involuntario y que no hubo intención discriminatoria. En un comunicado oficial, explicaron que las expresiones utilizadas forman parte de una terminología históricamente empleada en la medicina psiquiátrica, pero que ha sido discontinuada por su carácter ofensivo. Asimismo, remarcaron la importancia de utilizar un lenguaje actualizado y respetuoso en materia de discapacidad.

A pesar de la polémica, desde la Andis aclararon que la corrección de la resolución no afectará los criterios de evaluación de las pensiones por invalidez. La marcha atrás del Gobierno en este asunto deja en evidencia la necesidad de revisar con mayor rigor el lenguaje utilizado en normativas oficiales, garantizando el respeto y la inclusión de todas las personas.