IPACYM: ¿apoya a las cooperativas o es un ente recaudador?

Regino Racedo - Interventor del IPACYM

El funcionamiento de las cooperativas y mutuales en Tucumán está atravesado por una maraña burocrática impuesta por el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM), actualmente a cargo del interventor Regino Racedo, que asumió en la gestión del exgobernador Juan Manzur, que las coloca en desventaja frente a otras figuras jurídicas. Mientras que el Estado Nacional simplifica los trámites para su operación, en la provincia el IPACYM no solo añade obstáculos innecesarios, sino que también impone costos que afectan directamente a estas entidades.

Uno de los principales problemas es el llamado "normal funcionamiento", un documento que certifica que una cooperativa opera con regularidad. A diferencia de las asociaciones civiles, clubes deportivos y otras organizaciones sin fines de lucro, que lo obtienen gratuitamente y con validez anual a través de la Inspección de Personas Jurídicas, las cooperativas deben tramitarlo constantemente. No solo deben renovarlo cada 30, 60 o, como máximo, 90 días, sino que además se les exige un trámite distinto para cada organismo estatal con el que trabajen.

"Esta imposición no tiene justificación alguna. Si una cooperativa presta servicios a distintos entes del Estado, debería bastar con un solo certificado válido por un año, como ocurre con otras entidades". señala Hernán Gordillo, presidente de la Federación de Cooperativas TUCMA. Sin embargo, el IPACYM obliga a las cooperativas a solicitar múltiples certificados a lo largo del año, generando una carga administrativa ineficiente y costosa. En muchos casos, el mismo trámite debe repetirse hasta diez veces en un mes, lo que se traduce en una enorme pérdida de tiempo y recursos.

El cobro de estos certificados es otro de los grandes problemas que enfrentan las cooperativas. Cada normal funcionamiento tiene un costo de $4.000, lo que representa una carga financiera considerable para estas entidades, que por ley deberían ser promovidas y facilitadas por este organismo en lugar de ser castigadas con costos adicionales. El IPACYM, en teoría, debe apoyar el desarrollo del cooperativismo, pero en la práctica impone trabas que dificultan su crecimiento y estabilidad económica.

Cabe señalar que la Ley 3910, en su artículo 9, establece con claridad cuáles deben ser los recursos del IPACYM: las sumas que fije el presupuesto general de la provincia y las que se le acuerden por leyes especiales; los créditos que le asignen los organismos nacionales, provinciales o comunales; las donaciones, legados, subsidios o subvenciones; el reintegro de los préstamos y sus intereses; los saldos no usados de ejercicios y sus intereses; el sobrante patrimonial que arroje la liquidación de cooperativas que se disuelvan.

Si bien el organismo tendría la facultad de establecer cánones, su ley constitutiva no menciona explícitamente el cobro de trámites a las cooperativas, lo que genera una incógnita sobre los cimientos legales de estos montos.

El caso de la escuela cooperativa Gabriela Mistral, cuyo inmueble fue expropiado por el municipio sin que el IPACYM interviniera en su defensa, es otro ejemplo de su inacción y falta de compromiso con el sector. Si este organismo realmente cumpliera su función, garantizaría un trato justo para las cooperativas y mutuales, en lugar de imponerles cargas innecesarias. Es urgente que se revea esta situación y que el Estado provincial tome cartas en el asunto para eliminar estas prácticas que perjudican a un sector clave para la economía social de Tucumán.