Milei frente al dilema del veto: entre la ortodoxia fiscal y la presión social

La madrugada del 11 de julio dejó una postal política clara y desafiante: el Senado aprobó, con respaldo opositor y de sectores dialoguistas, un paquete de leyes que incluye aumentos para jubilaciones, una nueva moratoria previsional, fondos para personas con discapacidad y asistencia a las provincias. Javier Milei, fiel a su doctrina del déficit cero, adelantó que vetará las medidas.  Pero no será inmediato: según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada, el presidente esperará hasta el límite legal para firmar el veto.

“El veto va a salir sobre el límite”, deslizaron cerca de los hermanos Milei, dejando entrever que la decisión no está en duda, pero sí el momento.  En Balcarce 50 la estrategia es clara: ganar tiempo para reunir apoyos que permitan blindar políticamente el veto y evitar que el Congreso —con una oposición cada vez más articulada— lo rechace con dos tercios de los votos.  La cuenta regresiva ya empezó, aunque el Ejecutivo aún no fue notificado formalmente de la sanción legislativa.

Durante esas dos semanas decisivas, las espadas legislativas de La Libertad Avanza se moverán con sigilo pero con urgencia. La prioridad será contener a los gobernadores, varios de los cuales ven con buenos ojos las leyes aprobadas por el Senado, sobre todo en lo que respecta al financiamiento de programas sociales y previsionales que alivian la presión en sus territorios. Es justamente esa rebelión de las provincias lo que más inquieta al oficialismo: una revuelta federal podría desbordar incluso el cerrojo institucional del veto.

En este punto, la pregunta se instala con fuerza: ¿Hasta qué punto Milei puede sostener el costo político de vetar una mejora jubilatoria o declarar que no hay emergencia en discapacidad? En términos técnicos, podrá tener razón sobre el impacto fiscal. Pero en el plano simbólico, político y social, el riesgo es enorme. Y si el Congreso logra revertir el veto, el golpe a la autoridad presidencial sería profundo.

Por eso, más que un simple acto administrativo, el veto se transforma en una jugada política de alto voltaje. No se trata solo de defender un modelo económico, sino de marcar autoridad frente a un Congreso que le impone límites y frente a una sociedad que empieza a mostrar señales de agotamiento.

La posibilidad de judicializar las leyes en caso de que el Congreso anule el veto también está sobre la mesa. Sería una forma de estirar el conflicto y desplazarlo a otro terreno, donde el Ejecutivo confía en tener más margen. Pero incluso esa vía encierra riesgos: la judicialización permanente como forma de gobierno puede desgastar aún más la relación entre poderes y abonar la percepción de aislamiento.

Así, el presidente vuelve a pararse sobre el borde. Su fidelidad al ajuste lo obliga a resistir, pero el contexto le exige más cintura que rigidez. Esperar hasta último momento para vetar no solo es una estrategia de tiempo: es también una forma de tantear si aún le queda margen para imponer su lógica o si la realidad —económica, política y social— empieza a imponerle límites.