Las comunas tendrán poder de policía para frenar usurpaciones y obras ilegales.

El Gobierno de Tucumán dispuso que las comunas rurales deberán asumir un rol más activo y firme en la fiscalización del territorio. A través de la Resolución N° 118/25, la Provincia exige a las comunas ejercer su poder de policía en materia dominial y ambiental, en respuesta al crecimiento de usurpaciones, urbanizaciones no autorizadas y alteraciones del entorno natural en zonas sensibles del interior tucumano.

La medida —emitida por la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, que depende de la Fiscalía de Estado— busca blindar áreas de valor ambiental y patrimonial ante el avance de construcciones irregulares que comprometen el equilibrio ecológico y el dominio público.

Desde ahora, las comunas deberán verificar el estado dominial de las tierras antes de permitir cualquier tipo de edificación o intervención territorial. Además, tendrán la potestad de paralizar, clausurar y evitar nuevas obras sin autorización previa, en especial en terrenos fiscales, áreas naturales o sitios de importancia cultural.

Para ello, cada comuna deberá conformar una Comisión Comunal de Verificación Dominial y de Obras, integrada por un funcionario comunal, un técnico con conocimientos legales y urbanísticos, y un abogado que supervise la documentación.

Las restricciones alcanzan la apertura de calles, loteos, construcción de viviendas, remoción de suelos, tala de vegetación nativa e introducción de especies que alteren el ecosistema local.

Toda obra en ejecución sin autorización será detenida hasta que se presenten los informes técnicos correspondientes, emitidos por la Dirección General de Catastro, el Ente Tucumán Turismo y la Dirección de Flora y Fauna.

Esta resolución se enmarca en el artículo 18, inciso 9, de la Ley N° 7350, y fortalece el rol de los gobiernos locales frente a problemáticas territoriales crecientes. En un contexto de proliferación de usurpaciones y loteos clandestinos, las comunas tendrán ahora la responsabilidad legal y operativa de actuar con contundencia para proteger su patrimonio natural y social.