El Gobierno nacional disolvió Vialidad Nacional y anunció la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. La medida, presentada como un golpe a la “corrupción estructural”, genera incertidumbre en provincias como Tucumán, donde el rol estatal en la infraestructura vial es clave para la conectividad, la producción y la seguridad.
Actualidad07/07/2025
José María Martín
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó lo que desde hace semanas se rumoreaba en pasillos técnicos: el Gobierno de Javier Milei firmará un decreto para disolver la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su lugar, las funciones se redistribuirán entre el Ministerio de Economía y una nueva Agencia de Control de Concesiones, que dependerá de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Bajo el argumento de eliminar estructuras “obsoletas y corruptas”, el Ejecutivo nacional da por terminado un organismo que desde 1932 regulaba, planificaba y mantenía gran parte de la red vial federal. El mensaje es claro: la obra pública ya no será tarea estatal, sino un negocio de privados, licitado desde la lógica del “mercado competitivo”. Y ese mensaje —como los vehículos en las rutas— llega con fuerza a Tucumán.
¿Qué implica esta medida para nuestra provincia?
Tucumán depende en gran medida de rutas nacionales —como la RN 9, la RN 38 o la RN 157— para su entramado económico y social. No solo para transportar limón, caña u hortalizas; también para el desplazamiento cotidiano de miles de tucumanos que viven en el interior profundo y trabajan en los centros urbanos.
Sin una Dirección Nacional de Vialidad que garantice estándares técnicos y continuidad en la inversión, las provincias quedan a la deriva. La alternativa es clara: o se hacen cargo con fondos propios —algo prácticamente inviable en este contexto fiscal— o resignan el mantenimiento de rutas vitales a empresas que actuarán, como toda empresa, por rentabilidad.
Las alertas que se encienden
El cierre de Vialidad genera múltiples preocupaciones:
Riesgo de abandono de rutas: ya hay denuncias por deterioros. Si la provincia no asume esas competencias —y el costo que implica—, habrá más pozos, menos controles y mayor siniestralidad.
Empleo en riesgo: en Tucumán trabajan decenas de personas bajo la órbita de Vialidad. ¿Qué pasará con ellos? ¿Habrá despidos, retiros, reubicaciones? Nadie lo sabe.
Pérdida de soberanía técnica: lo que antes era planificado por ingenieros y técnicos locales, pasará a manos de capitales privados que podrían priorizar rutas de alta circulación y descartar aquellas menos rentables pero necesarias.
Tucumán frente al espejo
En este escenario, la respuesta del Gobierno provincial será clave. Osvaldo Jaldo deberá decidir si negocia convenios con Nación para asumir rutas estratégicas, si pelea por recursos ante el Ministerio de Economía, o si deja que el deterioro avance sin resistencia. La historia juzgará si Tucumán supo defender su infraestructura o si se resignó a la lógica de “sálvese quien pueda”.
Porque una ruta no es solo un camino. Es el hilo que une la producción con el mercado, la salud con los hospitales, el trabajo con el hogar. Destruir ese hilo, dejarlo sin mantenimiento o entregarlo a quien solo busca ganancia, es apostar a un país fragmentado. Y Tucumán ya sabe lo que es el olvido.
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