Tucumán, en la lupa nacional por prácticas represivas: un encuentro federal para prevenir la tortura

Con un fuerte respaldo institucional y simbólico, Tucumán fue sede del encuentro nacional del Comité y el Consejo Federal para la Prevención de la Tortura. La reunión, que se desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, congregó a representantes de más de diez provincias, organismos de derechos humanos, universidades y organizaciones sociales. El eje común: la persistencia de prácticas represivas propias de regímenes autoritarios, aún en plena democracia.

Juan Irrazabal, referente nacional de estos espacios, fue categórico al señalar que "la provincia de Tucumán está pendiente de respuesta" tras el monitoreo reciente realizado por el Comité. Reafirmó la legitimidad de los integrantes designados por la Legislatura local y enfatizó que las acciones de estos organismos no se limitan al control carcelario, sino que también buscan formar, dialogar y prevenir mediante herramientas de cooperación con otros poderes y la sociedad civil.

El encuentro no fue meramente formal: se expusieron casos alarmantes, como el accionar policial conocido como “el trencito”, donde mujeres, jóvenes e incluso niños son detenidos sin justificación legal, en operativos que —según varios testimonios— vulneran flagrantemente los derechos humanos y evocan lo más oscuro de la última dictadura. Esta práctica, llevada adelante por la Policía de Tucumán, fue señalada por diversos sectores como uno de los símbolos más graves de retroceso institucional.

Los presentes coincidieron en la urgencia de una transformación en las políticas de seguridad y justicia. “Nuestro trabajo es de prevención —dijo Irrazábal—, y la prevención no es optativa: es un mandato legal, internacional y ético”. En un país donde la política criminal parece tensionada entre el punitivismo y los derechos humanos, este encuentro dejó claro que Tucumán está bajo la mirada nacional. No como castigo, sino como advertencia. Y, sobre todo, como oportunidad para cambiar.