¿Quién paga la fiesta? Una reforma tributaria necesaria en Tucumán

Mientras algunos legisladores impulsan un proyecto para se pague peaje a quienes circulamos por las rutas provinciales, miles de tucumanos se levantan cada día a las 5 de la mañana para cruzar la provincia rumbo a sus trabajos, el peso del sostenimiento del Estado recae, como siempre, sobre sus espaldas. El último informe de la Dirección General de Rentas de Tucumán confirma lo que muchos ya intuían: el 83% de la recaudación provincial en 2024 proviene del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Un tributo regresivo, que no distingue entre el pequeño comerciante de barrio y las grandes cadenas, y que afecta con más dureza a quienes menos tienen.

En contraste, la recaudación proveniente de la tierra productiva –los campos que exportan millones y concentran riquezas históricas– es prácticamente simbólica. Lo mismo ocurre con las grandes propiedades urbanas, cuyos aportes al fisco no guardan proporción alguna con su valor de mercado ni con su rentabilidad. ¿Por qué una hectárea productiva paga menos que un kiosco en la periferia de la capital? ¿Qué lógica sostiene un sistema que cobra poco y nada a quienes más tienen, mientras agobia con trámites e impuestos a quien apenas sobrevive?

El problema no es sólo de justicia social, sino también de eficiencia estatal. Una administración tributaria que no actualiza catastros, que no cruza datos con registros nacionales y que no utiliza herramientas tecnológicas para fiscalizar la renta agraria está renunciando voluntariamente a sus deberes. La Dirección de Rentas parece funcionar como una oficina recaudadora para los que no pueden evadir, pero se muestra ciega, sorda y muda frente a las grandes fortunas que descansan en el campo.

El debate ya no puede postergarse. Es momento de que nuestros legisladores asuman la responsabilidad de revisar el sistema tributario provincial, con valentía y con perspectiva de equidad. No se trata de “cargarle más impuestos al campo”, como algunos voceros intentarán instalar, sino de distribuir de manera más justa el esfuerzo fiscal. Que la tierra que produce, que las hectáreas que se valorizan año tras año gracias al esfuerzo colectivo, también aporten al desarrollo provincial.

Hoy el trabajador formal, el monotributista, el comerciante, el que paga todo porque no puede escapar, está financiando un modelo profundamente desigual. No se puede construir futuro si seguimos sobrecargando a quienes menos tienen y protegiendo a quienes más ganan. Es hora de preguntarnos: ¿quién paga la fiesta? ¿Y por qué siempre somos los mismos?