
Encuentro estratégico entre la Casa de Rusia y la Federación Tucma
Ambas partes coincidieron en la importancia de construir puentes de cooperación y explorar convenios que permitan fortalecer las relaciones institucionales.
Otra vez: decomisos, gritos, mercadería secuestrada. Esta semana, el municipio de San Miguel de Tucumán, conducido por Rossana Chahla, volvió a desplegar operativos contra trabajadores informales que apenas intentaban vender productos en la calle para llevar comida a sus casas. La escena ya no indigna: duele por repetida. Gente empujada por la necesidad, que en lugar de encontrar contención, encuentra sanción.
Actualidad04/05/2025En la Argentina actual, tener dos ingresos por hogar ya no garantiza llegar a fin de mes. El empleo formal no alcanza, y la vida se volvió una maratón sin descanso. La informalidad dejó de ser una opción marginal: es el plan B de millones.
Personas que trabajan ocho o diez horas regresan a casa solo para comenzar su “otro turno”: vender panes en la vereda, rifas por WhatsApp, tortas en la feria o frutas en bicicleta. No tienen recibo de sueldo, pero tienen hijos. No tienen cobertura, pero tienen deudas. ¿Qué hace el Estado con ellos? Nada, salvo aparecer para decomisar.
¿Qué política pública los contempla?
En Tucumán, existen escasos mercados populares y ferias públicas con reglas claras para pequeños emprendedores. No hay líneas de crédito ni exenciones fiscales. Lo único que sí hay es persecución. Y esa persecución es selectiva: a quien no tiene padrino político, no le queda ni la sombra donde vender.
Lo que se castiga no es la desorganización: se castiga la pobreza visible. El municipio no quiere "desorden visual", pero tampoco hace nada para canalizar esa energía productiva que brota desde abajo. Y lo hace desde un discurso que huele a desprecio: el de quienes jamás pisaron un barrio periférico ni tomaron un colectivo a las seis de la mañana.
¿Molestos o imprescindibles?
Desde los escritorios oficiales se los etiqueta como “ilegales”, “ocupas”, “desprolijos”. Pero son exactamente lo contrario: trabajadores sin derechos, contribuyentes sin nombre, ciudadanos sin ciudadanía plena. Son los innombrables del mercado, porque ni el Estado ni los grandes empresarios quieren asumir que sin ellos, la economía popular se cae.
No caben en ningún renglón del presupuesto, pero sostienen miles de mesas con lo poco que generan. Son emprendedores sin Instagram, comerciantes sin habilitación, luchadores sin micrófono.
¿Hasta cuándo el castigo por existir?
La política tucumana —como en muchos rincones del país— prefiere invisibilizar a los que no puede controlar. Y así, en vez de crear políticas de inclusión y autonomía, refuerza un modelo basado en la exclusión y el castigo.
Pero estas personas existen, trabajan, se organizan. Donde no hay mercado ni Estado, hay pueblo que insiste. Y mientras sigan siendo tratados como intrusos en su propia ciudad, la democracia estará en deuda.
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