La libertad avanza culpó a dos senadores misioneros por cambiar de parecer y no acompañar el proyecto que sorpresivamente no tuvo luz verde en el senado.
País08/05/2025
La Voz del Pueblo
Tras casi 7 horas de debate, y durante una jornada a la que se había llegado con incertidumbre, pero se estimaba que los votos estaban garantizados, se cayó en el Senado el proyecto de ley de ficha limpia, que buscaba impedir la candidatura a cargos electivos nacionales de personas con doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner.
La votación, realizada minutos después de las 22 de este miércoles, marcó en el tablero 36 votos a favor y 35 en contra, lo que dejó a los impulsores de la norma pasmados, mientras el kirchnerismo estalló en festejos dentro del recinto, ante una visiblemente sorprendida vicepresidenta Victoria Villarruel. Al resultar rechazada, la iniciativa no podrá tratarse por lo que resta del año.
Los votos a favor correspondieron a La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques provinciales; mientras que en contra lo hicieron el interbloque Unión por la Patria y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia -oficialismo provincial- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, señalados como los que "se dieron vuelta" a último momento, pues se los contaba a favor. Habitualmente, la dupla es una aliada del oficialismo.
Si la ley se aprobaba, quedaba confirmado que Cristina Kirchner no iba a poder competir en las elecciones legislativas de este año. Ante esa posibilidad, ya había circulado la versión de que la presidenta del PJ Nacional podía llegar a presentarse en los comicios de la provincia de Buenos Aires, donde no rige tal prohibición. Ahora, lo que igualmente puede llegar a impedir una postulación suya sería una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente, los senadores del interbloque Unión por la Patria sostuvieron durante la jornada que la ficha limpia "ya existe" y es cuando hay una condena confirmada por el máximo tribunal del país. Durante sus discursos, denunciaron "proscripción" contra CFK y el peronismo y manifestaron que el proyecto era "inconstitucional".
También consideraron que tenía "nombre y apellido" al haber una "única persona" en la situación judicial que planteaba ficha limpia. En diciembre de 2022, en el marco de la causa Vialidad, la expresidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024.
Fuente: PARLAMENTARIO.COM
Tech Security SRL, firma vinculada a los hermanos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, recibió un contrato millonario del Banco Nación por 24 meses.
Pablo Cabrera, referente de La Libertad Avanza en Punta Indio y exmilitar de la Armada, reivindicó públicamente al Ford Falcon verde, símbolo del terrorismo de Estado.
Trabajadores del Hospital Garrahan convocaron a una nueva medida de fuerza con paro y movilización para exigir mejoras salariales y mayor presupuesto. El conflicto se profundiza.
En un paraje bonaerense donde la historia se escribe entre el amor y la resistencia, un busto escondido durante décadas cuenta una gesta silenciosa de fe, coraje y lealtad peronista.
Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y cercano al Gobierno, presentó varias irregularidades para la Justicia cuando ingresó en febrero de este año.
"La identidad siempre florece", expresaron. Darán los detalles a las 14 en la Casa por la Identidad.
Tech Security SRL, firma vinculada a los hermanos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, recibió un contrato millonario del Banco Nación por 24 meses.
Un nuevo estudio de Datacivis expone la marcada diferencia en la percepción ciudadana sobre la gestión de Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán. Mientras el centro muestra una valoración mayoritariamente positiva, los barrios periféricos reflejan descontento, abandono y desconfianza.
A más de tres décadas del atentado que marcó para siempre la historia argentina, la lucha por verdad y justicia sigue viva. La causa AMIA no es solo un reclamo judicial: es una bandera ética que interpela a toda la sociedad.
En una nueva actualización de su diccionario, la RAE incorporó este tradicional y emblemático insulto.
Cuando el termómetro electoral sube y el calendario marca apenas semanas para definir el futuro político de un país, todo dato cuenta. Pero no cualquier dato: aquellos que surgen de una escucha social profunda, de una metodología sensible al pulso ciudadano, son los que realmente iluminan el tablero. En este contexto, la consultora tucumana Datacivis acaba de dar un golpe certero en el centro de la escena política boliviana.