
En una nueva actualización de su diccionario, la RAE incorporó este tradicional y emblemático insulto.
En Tafí Viejo, una ciudad con más de 85.000 habitantes, los concejales tienen un mandato claro: representar al pueblo, controlar al Ejecutivo y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, los últimos acontecimientos revelan que quienes debían ser la primera línea de defensa del interés ciudadano han fallado rotundamente.
Actualidad19/05/2025
La Voz del Pueblo
Mientras el municipio reclama a la provincia de Tucumán deudas por ejercicios anteriores, la realidad oculta es aún más alarmante: la provincia le exige al municipio más de 13 mil millones de pesos en concepto de deudas acumuladas, una cifra monumental que compromete seriamente las finanzas locales. Lo más grave no es solo el descalabro financiero, sino el silencio institucional que lo rodeó. La ciudadanía nunca fue informada de esta situación en tiempo y forma. No hubo conferencias, no hubo informes, no hubo alertas. Solo la opacidad.
El Honorable Concejo Deliberante, que debía ser un órgano de control, se transformó en un sello automático de aprobación. Con la llegada de la nueva gestión —encabezada por la esposa del ex intendente Javier Noguera— los concejales aprobaron los dos últimos ejercicios fiscales “a libro cerrado”, sin debate público, sin explicaciones, sin rendiciones detalladas. Así, se consolidó un modelo de administración familiar y cerrada que viola el espíritu de la democracia local.
Cuando los lazos familiares reemplazan el recambio institucional, el riesgo no es solo simbólico. La sucesión entre cónyuges transforma la alternancia en simulacro. Y si además se desmantelan los mecanismos de control, como ha hecho este Concejo Deliberante, el resultado es el que hoy sufre Tafí Viejo: un municipio endeudado, sin explicaciones, sin planificación y sin una dirigencia política que dé la cara.
Los concejales han incumplido su deber de funcionarios públicos. Su rol no era obedecer, era controlar. No era acompañar silenciosamente a la gestión saliente, sino revisar cada número, fiscalizar cada decisión, proteger el futuro de sus vecinos. Callaron donde debían hablar. Aprobaron donde debían investigar. Encubrieron donde debían denunciar.
Lo que sucede en Tafí Viejo no es una excepción: es un síntoma. Un modelo de poder familiar que se reproduce a costa de la institucionalidad, y una clase política local que se olvida que la banca que ocupa es un mandato popular, no un compromiso partidario. El daño ya está hecho, pero todavía hay tiempo para exigir responsabilidad y revertir este rumbo de complicidad y desidia.

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