Diversas entidades sociales y de derechos humanos se suman al rechazo del fallo que condena a Cristina Fernández de Kirchner, señalando un grave retroceso institucional y una peligrosa ofensiva contra la democracia argentina.
Actualidad10/06/2025
José María Martín
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirma la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue generando un fuerte y extendido rechazo en distintos sectores de la sociedad argentina. En las últimas horas, la Junta Promotora por los Derechos Humanos del Valle de Tafí —organismo integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos— emitió un duro comunicado en el que califica al fallo como una “alarmante señal de abuso en contra del Estado de Derecho”.
Desde la organización aseguran que esta condena no responde a razones jurídicas sino a una operación política de disciplinamiento. “Se legitima impunemente el borramiento político de quienes piensan distinto”, señalaron. En el mismo texto, la agrupación vincula este accionar con una continuidad histórica de prácticas autoritarias ejercidas por quienes “se asumen como dueños de la Argentina”, y trazan una línea directa entre este fallo y eventos como la Campaña del Desierto, la Conquista del Chaco y la última dictadura cívico-militar-empresarial.
El comunicado no ahorra críticas: denuncia el avance sobre organizaciones partidarias, sindicales y sociales, y advierte que este juicio “es una elocuente manifestación de odio por parte de quienes entregan nuestro país y sus recursos”. La declaración concluye alertando que el fallo habilita a estos sectores a operar con mayor libertad para “terminar de destruir los derechos de sus habitantes”.
El pronunciamiento de APDH Valle de Tafí se suma a una ola creciente de expresiones similares que se han multiplicado en todo el país. Desde agrupaciones de derechos humanos hasta sindicatos, movimientos sociales y referentes de la cultura y la academia, crece el consenso en torno a una preocupación compartida: que la justicia argentina ha sido capturada por intereses políticos y económicos que buscan eliminar del escenario electoral a una de las principales referentes del campo nacional y popular.
En este marco, se espera que en los próximos días continúen los pronunciamientos y se convoquen movilizaciones para denunciar lo que muchos ya no dudan en calificar como una nueva forma de proscripción política en la Argentina democrática.
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