El gobierno de la libertad: Autorizan a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial

El Gobierno de Javier Milei avanza con una profunda reforma en la Policía Federal que amplía el poder de las fuerzas de seguridad para espiar, requisar y detener sin control judicial. El decreto, firmado por el presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presenta como una modernización, pero organizaciones de derechos humanos lo ven como un retroceso en garantías individuales.

El Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, autoriza a la Policía Federal Argentina a realizar ciberpatrullajes en redes sociales y espacios digitales abiertos sin necesidad de una orden judicial. Esta medida se implementa bajo el argumento de prevenir delitos en tiempo real, aunque especialistas advierten que habilita el monitoreo discrecional de opiniones y expresiones, lo que representa un riesgo directo a la libertad de expresión.

Además, la normativa permite requisas personales y de vehículos sin intervención de la Justicia. La Policía podrá inspeccionar personas y bienes si considera que existen “circunstancias objetivas” que justifiquen la sospecha de un delito. En palabras de la exministra de Seguridad Sabina Frederic, se trata de una “arbitrariedad pura” que erosiona principios básicos del Estado de derecho.

Las reformas no pasaron por el Congreso, lo que refuerza la estrategia del Gobierno de avanzar por decreto en temas estructurales. Entre otros cambios, se introduce un tope al ingreso de suboficiales, con la idea de ir reemplazándolos por oficiales universitarios. A su vez, se habilita a la Federal a actuar de forma “espontánea” ante delitos flagrantes a requerimiento del Ministerio de Seguridad, ampliando así su poder operativo sin necesidad de intervención judicial inmediata.

En nombre de la “modernización”, el Gobierno dice seguir modelos como el del FBI estadounidense. Sin embargo, esa comparación ignora el contexto institucional argentino y omite que en Estados Unidos este tipo de prácticas están sometidas a controles mucho más estrictos. La abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, advirtió que el decreto implica “un cambio de régimen” y representa “la destrucción de los derechos y garantías”.

Paradójicamente, un gobierno que se autoproclama defensor de la libertad avanza con medidas que amplían el poder de vigilancia y represión del Estado. Mientras el discurso libertario promueve la menor intervención estatal en la economía, las reformas en materia de seguridad refuerzan un aparato policial con menos límites y más discrecionalidad, especialmente frente a la protesta y la crítica política.

En definitiva, la reforma de la Policía Federal se inscribe en una lógica de concentración de poder que pone en riesgo libertades fundamentales. Bajo el pretexto de la seguridad, el Estado se reserva el derecho de vigilar, requisar y detener con márgenes cada vez más difusos. En una democracia, la libertad no puede ser un privilegio administrado por decreto.