Redistribuir la riqueza: una deuda pendiente de la humanidad

La desigualdad económica es un flagelo global que encuentra su máxima expresión en América Latina, la región más desigual del mundo. Aquí, dos personas concentran más riqueza que 334 millones de habitantes. Ante esta realidad, la propuesta del G20 de gravar a los superricos representa una oportunidad histórica para avanzar hacia la justicia económica y social.

La discusión sobre fiscalidad no es solo técnica, sino profundamente política. Mientras los sectores más pobres, especialmente las mujeres, destinan hasta el 45% de sus ingresos a impuestos regresivos como el IVA, los más ricos gozan de privilegios fiscales, eluden impuestos y trasladan sus fortunas a paraísos fiscales. Este desequilibrio perpetúa la pobreza, limita la inversión en servicios esenciales y acentúa las brechas de género.

Lula Da Silva, líder de esta iniciativa, plantea que el problema no es la falta de dinero, sino la falta de voluntad política para redistribuirlo. En su intervención en el G20, desafió a los megamillonarios a aportar una mínima fracción de su riqueza para enfrentar problemas globales como el hambre y el cambio climático. Sin embargo, la postura de Argentina, liderada por Javier Milei, refleja una visión opuesta: mientras promueve el achicamiento del Estado y celebra la evasión fiscal, firmó el compromiso del G20 solo por pragmatismo.

La redistribución de la riqueza no es una cuestión de ideología, sino de justicia. Un impuesto global a los superricos podría financiar políticas sociales, inversión en educación, salud y cuidado ambiental. Las organizaciones feministas señalan que este tipo de medidas no solo alivian la presión fiscal sobre las mayorías, sino que también abren camino para un modelo económico más equitativo y sostenible.

La economía, como cualquier construcción social, puede y debe transformarse. Un sistema que privilegia a las élites mientras castiga a los sectores más vulnerables no es solo ineficaz, sino moralmente insostenible. Es hora de exigir una justicia fiscal real, que coloque la sostenibilidad de la vida y el bienestar colectivo en el centro de las prioridades globales. La riqueza existe, pero es momento de que se comparta.