Proscripción del Peronismo: Un viaje desde 1956 hasta la gestión de Javier Milei

Actualidad05/03/2025José María MartínJosé María Martín
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Hace casi siete décadas, Argentina vivió un 5 de marzo de 1956 que marcó un antes y un después en la historia política del país. La dictadura autodenominada “Revolución Libertadora” impulsó el Decreto Ley 4161, una normativa que prohibía cualquier mención o representación del peronismo, erradicando en el acto símbolos, expresiones y figuras vinculadas al movimiento. Esta proscripción no solo significó la censura de una ideología en boga, sino que instauró un clima de represión que dejó huellas profundas en la memoria política y social del país.

La Herida de la Proscripción Histórica
El Decreto Ley 4161 se erigió como un instrumento de control ideológico. Con penas que oscilaban entre treinta días y seis años de prisión, multas e inhabilitaciones, la normativa buscaba borrar del espacio público una parte importante de la identidad política argentina. La proscripción peronista fue un intento de reescribir la narrativa nacional, eliminando de la agenda política a quienes se identificaban con una tradición profundamente arraigada en la sociedad argentina. En ese contexto, la medida no solo tenía un alcance legal, sino que también pretendía moldear la cultura política y restringir la pluralidad de ideas , .

El Debate Actual: ¿Nuevos Métodos de Proscripción?
En la actualidad, bajo el discurso de cambio y ruptura que promueve la figura de Javier Milei, se ha reavivado el debate sobre los límites de la intervención estatal en el ámbito político. Aunque la idea de proscribir partidos en la forma directa y violenta del pasado parece, a priori, incompatible con el marco democrático moderno, ciertos analistas advierten que podrían estar gestándose nuevas formas de exclusión política.

Métodos Indirectos y Sutiles
A diferencia del Decreto Ley 4161, que fue un mandato explícito y punitivo, los “nuevos métodos” de proscripción se vislumbran en la esfera legal y administrativa. Entre ellos se podría incluir:

Reformas Electorales Discriminatorias: Cambios en la legislación electoral que, bajo el argumento de modernizar el sistema o combatir prácticas corruptas, puedan favorecer a ciertos actores y marginar a partidos históricos o emergentes. Este tipo de reformas, aunque presentadas como necesarias para la “limpieza” del sistema, pueden funcionar como barreras indirectas para la pluralidad política.


Control y Asignación de Recursos Públicos: La forma en que se distribuyen los fondos y subsidios en la era Milei, donde se promueve una visión fuertemente liberal y de reducción del Estado, la reconfiguración del financiamiento público puede terminar afectando la viabilidad de partidos que no encajen en el nuevo discurso.


La gestión de Javier Milei se enmarca en un discurso antiestablishment y en la promesa de una “revolución” en la forma de hacer política. Sin embargo, es crucial destacar que, en un estado de derecho, cualquier medida que intente limitar la participación política debe superar rigurosos controles constitucionales y democráticos. La comparación con el pasado resulta inquietante precisamente porque la memoria histórica nos recuerda el costo social y político de medidas autoritarias.

Mientras algunos sectores aplauden la intención de “romper con lo tradicional”, otros advierten que, si se adoptan metodologías que erosionalmente limiten la pluralidad, se estaría dando un giro hacia prácticas que, aunque encubiertas, recuerdan los episodios oscuros de la proscripción peronista .

La experiencia de 1956 es una lección imborrable sobre los peligros de concentrar el poder en manos de una autoridad que decide qué ideologías deben existir en el espacio público. Hoy, en la era de la globalización y la democracia consolidada, el reto consiste en evitar la tentación de recurrir a métodos sutiles de exclusión que, aunque disimulados tras reformas legales y administrativas, pueden mermar el tejido plural de la sociedad argentina.

El debate sobre los “nuevos métodos” de proscripción no debe ser visto únicamente como una crítica al proyecto de gobierno de Javier Milei, sino como una invitación a repensar los mecanismos de control y balance en una democracia. Solo a través de una ciudadanía vigilante y la fortaleza de las instituciones se podrá garantizar que la historia no se repita, y que la diversidad política siga siendo un pilar fundamental de la nación.

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