Sociedad en alerta: la represión en el gobierno de Milei revive fantasmas de la dictadura

Este 12 de marzo de 2025 quedará marcado en la memoria colectiva como un día de infamia para la democracia argentina. Lo que comenzó como una pacífica manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional, reclamando legítimamente por mejoras en sus pensiones, culminó en una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad. La policía, lejos de garantizar el derecho a la protesta, respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua, dejando un saldo de más de 120 detenidos y al menos 45 heridos. 

Entre los afectados se encuentra el fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno, situación que lo mantiene en estado crítico.  Este hecho, lejos de amedrentar a la ciudadanía, encendió la chispa de la indignación popular.

Durante la madrugada, miles de vecinos de distintos barrios de Buenos Aires salieron espontáneamente a las calles en señal de repudio. Con cacerolas y consignas, se congregaron en esquinas emblemáticas como Acoyte y Rivadavia, y en zonas como Villa Crespo y Almagro, haciendo resonar su descontento contra un gobierno que, una vez más, demuestra su incapacidad para escuchar las demandas del pueblo. 

La reacción ciudadana no se limitó a las calles. En las redes sociales, el clamor por un paro general tomó fuerza, y diversas organizaciones políticas y sociales expresaron su enérgico rechazo a la violencia institucional. La Unión Cívica Radical (UCR) denunció el "feroz ataque a los jubilados", mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calificó de "vergonzosa" la violencia ejercida por el gobierno de Milei. 

Es alarmante que, en paralelo a estos hechos, dentro del recinto legislativo también se vivieran escenas de violencia. Una sesión destinada a investigar el escándalo de la criptomoneda '$LIBRA', vinculada al presidente, derivó en enfrentamientos físicos entre diputados, evidenciando la profunda crisis institucional y política que atraviesa el país. 

La respuesta desmedida del gobierno ante una protesta legítima de nuestros mayores, sumada a la creciente tensión social y política, plantea una pregunta urgente: ¿hacia dónde nos conducen estas acciones autoritarias del gobierno? La ciudadanía ha dado una contundente muestra de que no tolerará atropellos a sus derechos, y es deber de las autoridades escuchar y rectificar antes de que sea demasiado tarde.