La medida del gobierno que afecta gravemente a la mano de obra argentina

La industria electrónica de Tierra del Fuego se encuentra al borde del colapso. La eliminación de los aranceles a la importación de productos electrónicos, especialmente celulares, ha causado una conmoción profunda en la región. Esta medida, anunciada por el Gobierno Nacional y aún sin oficializar por decreto, ha provocado un paro total en las fábricas de Ushuaia y Río Grande, bajo la convocatoria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

A las 12:00 del mediodía, los trabajadores de las fábricas de Ushuaia dejaron sus puestos. No era solo un gesto; era un grito ahogado de desesperación. “No podemos seguir así”, dicen, con la mirada firme pero cargada de incertidumbre. Según el gremio, más de 6.000 empleos directos e indirectos corren peligro. El temor es real y palpable: se sienten amenazados por un cambio que podría destruir lo que construyeron con esfuerzo durante años.

En Río Grande, la respuesta fue aún más contundente. El paro se extendió por tiempo indeterminado, y una movilización masiva avanzó hacia el centro de la ciudad. Miles de voces se alzaron en defensa de un sector que lleva más de 45 años siendo el motor económico de la región. “¿Qué será de nosotros?”, preguntan los trabajadores, mientras marchan con carteles que exigen la protección de sus puestos. Para ellos, este conflicto no es solo una cuestión económica; es una lucha por la supervivencia misma de su comunidad.

El Congreso de Delegados de la UOM, en un comunicado difundido públicamente, calificó la decisión gubernamental de “grave” y recordó que la Ley 26.539, sancionada en 2009, resguarda el régimen de promoción industrial en la isla. “No vamos a permitir que, por decisiones unilaterales, se derrumben 45 años de lucha”, expresaron con determinación. La sensación es clara: no se trata solo de una política económica, sino de un principio de justicia social.

Preocupación empresarial: ¿un golpe a la competitividad?
Los empresarios, por su parte, también están inquietos. Aunque reconocen que la baja de los impuestos internos sobre los celulares fabricados en Tierra del Fuego es positiva para la competitividad, temen que la eliminación de los aranceles a las importaciones signifique una competencia desleal. “Queremos ser competitivos, pero no podemos competir con el contrabando y las importaciones sin regulación”, afirman desde Afarte, conscientes de que, si no se encuentran soluciones, la industria podría desmoronarse.

Desafíos en el contexto de contrabando y caída de la producción
A esta crisis se suma el creciente contrabando de celulares, que según el sector representa uno de cada tres teléfonos vendidos en el país. La eliminación de los aranceles, aunque podría reducir este negocio ilegal, también plantea un escenario donde ambos fenómenos –importaciones legales y contrabando– podrían combinarse, afectando aún más la industria fueguina.

En 2024, se produjeron en Tierra del Fuego 5.557.570 teléfonos, una cifra significativamente más baja que en años anteriores. En el primer trimestre de 2025, la producción se redujo a 1.476.661. Por otro lado, la importación de celulares creció, con 338.996 unidades en 2024 y 20.304 solo en el primer trimestre de 2025.

El dilema: desarrollo local vs. apertura comercial
Este conflicto refleja la difícil ecuación entre la necesidad de precios más bajos para los consumidores y la imperiosa necesidad de proteger la industria local. Mientras el Gobierno busca aliviar los costos para la población, las consecuencias para los trabajadores y las familias de Tierra del Fuego parecen pasar desapercibidas. Para los obreros, el desempleo es una amenaza real, mientras que para los empresarios, es una competencia imposible de ganar sin el respaldo de una política coherente.

La resolución de este conflicto determinará el futuro del sector. Es un dilema difícil de resolver, pero vital para la región. En juego no solo está la competitividad de la industria fueguina, sino también la estabilidad social y económica de miles de familias. La lucha de los trabajadores por sus derechos es, en última instancia, una lucha por el futuro de un modelo de desarrollo local que, si se destruye, podría llevar consigo décadas de historia, esfuerzo y sacrificio.