
En una nueva actualización de su diccionario, la RAE incorporó este tradicional y emblemático insulto.
Denuncian perjuicios económicos y animosidad contra el movimiento cooperativo.
Actualidad21/03/2025La Federación TUCMA Ltda., a través de su presidente Hernán Gordillo, intimó formalmente al Interventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM), Regino Ricardo Racedo, por el incumplimiento de sus funciones. A través de una carta documento, la entidad exige la inmediata emisión de su inscripción provincial y las constancias correspondientes, trámites demorados por más de un mes y que afectan gravemente su operatividad.
Según denunció Gordillo, la falta de estos documentos impide a la federación gestionar la exención de impuestos provinciales y abrir cuentas bancarias, trabas que impactan directamente en la participación de cooperativas en programas de apoyo financiero. La situación se agrava con la demora en la emisión de los certificados de funcionamiento de diversas cooperativas que integran la federación, entre ellas Mercado Campesino, Cuenco de Sueños, Informática e Infotelecomunicaciones Enter y La Boutique de la Carne Ltda.
El presidente de la federación denunció que, lejos de cumplir su función de fortalecer el movimiento cooperativo, el IPACyM aplica medidas arbitrarias y discriminatorias. En este sentido, calificó de “invento tucumano” al mecanismo por el cual el organismo otorga certificados de normal funcionamiento con validez restringida y costos excesivos, algo que no sucede a nivel nacional con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
“La falta de profesionalismo del interventor, sumada a las trabas burocráticas y los costos ilegales, hacen que gestionar un trámite en el IPACyM sea una odisea. Se castiga a las cooperativas con plazos de funcionamiento absurdamente cortos, cuando a nivel nacional este certificado tiene una validez de un año para entidades que están al día”, denunció Gordillo.
La Federación TUCMA advirtió que, de persistir estas irregularidades, iniciará acciones legales contra el interventor por los daños y perjuicios ocasionados. En la carta documento, citan la Ley de Cooperativas N° 3910 y su modificación por la Ley N° 8537, que establece entre las funciones del IPACyM el fomento y consolidación del sector, algo que, según denuncian, no se cumple en absoluto.
La intimación marca un nuevo capítulo en el conflicto entre las cooperativas y el organismo provincial, poniendo en evidencia un sistema que, lejos de fortalecer el asociativismo, lo asfixia con obstáculos administrativos y decisiones discrecionales.
En una nueva actualización de su diccionario, la RAE incorporó este tradicional y emblemático insulto.
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