El nuevo IVA que propone el Gobierno: una amenaza directa para las finanzas de Tucumán

En un contexto económico delicado, con una recesión visible en todos los indicadores provinciales, el Gobierno nacional avanza en la redacción de una reforma impositiva que tendría un fuerte impacto en las arcas públicas de Tucumán. El eje de la propuesta se centra en un cambio sustancial en el funcionamiento del IVA, que pasaría a dividirse en dos partes: una nacional y otra provincial. Pero el verdadero problema radica en lo que no se dice con claridad: la eliminación de ciertos mecanismos de recaudación provincial que hoy representan la mayor fuente de ingresos para Tucumán.

Actualmente, alrededor del 75% de los ingresos por el impuesto sobre los Ingresos Brutos en Tucumán proviene de mecanismos automáticos de retención, percepción y recaudación bancaria. Es decir, cuando las personas compran bienes o servicios, una parte del impuesto es retenida automáticamente y remitida a la provincia. Esto ha permitido sostener, con cierta eficiencia, la estructura tributaria provincial sin depender exclusivamente de la voluntad de pago de los contribuyentes.

La propuesta del Gobierno nacional plantea que esas mismas retenciones ya no se destinen a la cuenta provincial de Ingresos Brutos, sino que pasen a imputarse como pago a cuenta del IVA. Este cambio, que parece técnico, en la práctica significa que Tucumán dejaría de recibir directamente ese dinero, y pasaría a depender de un reparto posterior que se haría según los criterios de coparticipación nacional. En otras palabras, la provincia perdería recaudación directa para pasar a un esquema más incierto y condicionado políticamente.

A esto se suma otro problema: muchas empresas locales arrastran saldos a favor de Ingresos Brutos por años. Esto ocurre porque las alícuotas efectivas retenidas superan lo que efectivamente deben pagar, generando un exceso. Si las nuevas retenciones dejan de aplicarse, esas empresas podrían funcionar durante un año o más sin pagar ni un solo peso, porque compensarían con lo ya retenido en el pasado. Así, Tucumán enfrentaría no solo una caída de ingresos nuevos, sino que tampoco podría cobrar lo ya adeudado.

La situación se agrava con los datos recientes de recaudación provincial: mientras en diciembre de 2024 Tucumán recaudó $89.918 millones, en marzo de 2025 ese número cayó a $77.532 millones. La baja constante muestra el deterioro del consumo y la actividad económica, dos factores que alimentan los tributos provinciales. Si la Nación avanza con su propuesta, las finanzas tucumanas podrían entrar en una etapa crítica, con menos recursos y mayor dependencia de un esquema de coparticipación cada vez más concentrado en el poder central.

Con este complejo escenario que atravesaría a la finanzas de la provincia, serán cruciales las medidas que se adepten desde el Ejecutivo Provincial comandado por Osvaldo Jaldo y, en particular, en el ministerio de Economía que conduce Daniel Abad. 

Con esta estrategia, el Gobierno nacional busca reducir el "costo argentino" sin tocar su propio esquema de ingresos. La idea es que bajar impuestos provinciales ayude a que los precios de los bienes y servicios se reduzcan, lo cual –teóricamente– mejora el poder adquisitivo de los salarios sin necesidad de aumentarlos. Pero ese alivio para los consumidores podría significar, para provincias como Tucumán, un estrangulamiento financiero sin precedentes.
4o